ACTITUD DRONTHE #10

Fuente: ABC

Los parlamentarios pueden disfrutar del 100% de su pensión después de cumplir los 60 años, siempre que hayan ocupado ese puesto durante tres legislaturas. En cualquier caso, el mínimo de su pensión será del 80%.

Sin embargo los trabajadores, en la actualidad, necesitan trabajar hasta 35 años para cobrar el 100% a la edad de jubilación. Si sólo trabajara 15 años, recibiría el 50% de su pensión.

Es decir, que nuestros políticos (parlamentarios, miembros del Gobierno y altos cargos) disfrutan de unos privilegios escandalosos si los comparamos con los del resto de los ‘mortales’. 


Así lo refleja un  informe elaborado por el bufete  Larrauri & Martí Abogados en el que, entre otras cosas, se desvela que muchos miembros de nuestra clase política pueden compatibilizar en algunos casos hasta tres pensiones y cobrar la pensión máxima con tan solo con haber cotizado entre  7 y 11 años mientras los demás trabajadores deben haberlo hecho durante 35 años.

¿Es de recibo estas diferencias de trato? La respuesta más objetiva es, ‘no’. Pero la realidad delata una injusta situación que pasa por que tanto para los ministros como los secretarios de Estado exista la posibilidad de compatibilizar dos y hasta tres tipos de pensiones una vez que deciden retirarse o cesar en  el cargo para el que han sido nombrados. Los demás ciudadanos solo pueden cobrar una, o en el mejor de los casos, dos pensiones, si la suma de ambas no llega a la cuantía máxima establecida en unos 2.200 euros.

Gozan de unos privilegios difíciles de entender por la ciudadanía, máxime en estos momentos de crisis y cuando desde el Gobierno se está pidiendo austeridad.

Claro que según el citado informe mientras “todos los contribuyentes deben tributar por sus ingresos, un tercio del sueldo de los diputados o senadores no está sujeto a IRPF porque se considera como indemnización para gastos de su cargo”.

Explica, además que  “la primera gran diferencia entre una pensión pública y una pensión de un alto cargo, o mejor dicho entre un ciudadano y un alto cargo institucional, es que así como el ciudadano nunca podrá percibir dos salarios del erario público, el ministro, el senador, diputado, secretario, etc…, podrán percibir dos y tres salarios del Erario Público.

Otra gran diferencia, según explica el informe, es que los ciudadanos “estamos obligados a cotizar durante 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora de la pensión a la que tengamos derecho, sin embargo a los miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo y acumular siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima de jubilación”.  “Y este gran privilegio – añade- lo tienen gracias a la llamada pensión parlamentaria, que está prevista en el Reglamento de pensiones parlamentarias de fecha 11 de junio de 2006, que es la pensión que las Cortes Generales abonan con cargo a su presupuesto a quienes hayan sido miembros del Congreso de Diputados o del Senado durante al menos 7 años.

Esta pensión parlamentaria se creó para los supuestos en que los parlamentarios no alcanzaran el límite máximo de pensiones públicas. En esos casos las Cámaras abonarían la diferencia entre ese límite de pensión máxima y la pensión percibida por el diputado, en resumen, las Cámaras pagarán el dinero necesario hasta que el diputado alcance la base máxima de jubilación.

Los parlamentarios cobran además una indemnización por cese “equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales y hasta un límite de 24 mensualidades. Esta indemnización además se abonará mensualmente.

La disculpa es la necesidad de equiparar a los parlamentarios españoles a la media de los países de nuestro entorno y que no tienen cobertura por desempleo cuando abandonan el  cargo parlamentario.

Los ministros tampoco se quedan cortos y cuando cesan en su cargo perciben el  80% de su salario durante los dos años siguientes pudiendo compatibilizar este ingreso con el sueldo de  diputado o senador

Pero hay más. Se ha dado casos, como el de Pedro Solbes, que han compatibilizado su indemnización por dejar el escaño en el Parlamento europeo y su cargo de ex comisario europeo con su pensión de dos años como ex ministro del Gobierno.

Ante esta situación el informe concluye que “Con todo esto, mientras desde el Gobierno hablan de austeridad y de contención económica, es muy significativo que ninguno de los ex parlamentarios o ex ministros renuncien a su indemnización y sigan acumulando y simultaneando pensiones y remuneraciones con todas las garantías legales y con el dinero de los contribuyentes.